A tres de cada 10 mujeres les exigen prueba de embarazo como requisito laboral

Por: revista semana

Además, a una de cada diez le exigen la prueba de sida y a dos de cada 100, un certificado de esterilización. Pese a ser requisitos ilegales, las cifras siguen en aumento, según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2010.

Las estadísticas que encontraron los investigadores de la reciente Encuesta Nacional de Demografía y Salud demostraron que el mercado laboral sigue poniéndoles obstáculos a las mujeres: entre los años 2005 y 2010 a más colombianas les exigieron pruebas de embarazo y de sida, así como certificados de esterilización como requisitos para trabajar en una empresa. Lo que llama la atención es que estas “solicitudes” son más frecuentes cuando las aspirantes tienen mayor nivel educativo.

Son exigencias ilegales. Y aun así, al 31 por ciento de las mujeres (3 de cada 10) le pidieron prueba de embarazo cuando solicitaron trabajo. Esta tendencia “pasa del 8 por ciento entre las mujeres sin educación superior al 45 por ciento entre aquellas que sí la tienen”, encontró el estudio.

Para el caso de la prueba del sida, este requerimiento se duplicó. Mientras en el año 2005 se le exigió al 5 por ciento de las mujeres, para el 2010 aumentó al 10 por ciento (es decir, una de cada 10). Y al igual que con las pruebas de embarazo, el porcentaje es mayor según el nivel educativo: “pasa del 4 por ciento (para mujeres sin educación) al 15 por ciento (para las que tienen educación superior)”.

“Estas estadísticas ponen en evidencia cómo persiste la discriminación hacia las mujeres, cómo es de machista esta sociedad y cómo las iniquidades de género son el pan de cada día para muchas mujeres en este país. Es un sesgo de género fuerte que desconoce los derechos de las mujeres”, asegura Elizabeth Castillo, coordinadora del programa de Salud Sexual y Género de Profamilia, una de las cuatro entidades que elaboraron la encuesta.

El estudio también encontró que el 4 por ciento de las encuestadas (4 de cada 100) son despedidas del trabajo estando en embarazo. Estos casos son más frecuentes en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Meta, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Huila, Caquetá y la ciudad de Bogotá. Cabe destacar que en los de la región Caribe, el porcentaje es menor: 3 por ciento.

Para Beatriz Quintero, abogada especialista en derecho laboral, la ley es clara: estos requisitos son ilegales y en el caso de los embarazos se violan artículos como el 42 y el 43 de la Constitución Nacional. Agrega Quintero que, bajo estas normas, la Corte Constitucional ha emitido sentencias a favor de mujeres víctimas de esta situación, una de ellas la sentencia T-873/05.

“La Corte ha condenado duramente la práctica de ciertas empresas de exigir a sus trabajadoras pruebas de embarazo como condición para el ingreso o para la estabilidad en el empleo. Dicha conducta es reprochable e implica una grave vulneración de los derechos a la intimidad, el libre desarrollo de la personalidad y el trabajo”.

Pero las pruebas de embarazo y de sida no son las únicas. Para los expertos es “inquietante” que al 2 por ciento de las mujeres encuestadas (2 de cada 100) les hayan exigido un certificado de esterilización para acceder a un trabajo. Este requisito es aún más grave.

“Es una situación frente a la cual el Estado debería responder de una manera enérgica. Esta es una conducta fascista que no tiene cabida en un Estado social de derecho como este”, afirma la coordinadora del programa de Salud Sexual y Género de Profamilia.

“El marco normativo es claro; ha sido desarrollado desde la Corte Constitucional, incluso, desde el Congreso a nivel legislativo (…) Persiste la tendencia desafortunada de las empresas de solicitar esa información, cuando está protegida constitucionalmente como temas que forman parte de la intimidad de la persona”, agrega.

¿Un paso atrás?

Estos requisitos ilegales sin duda ponen obstáculos a las mujeres para acceder a un trabajo y van en contra de las responsabilidades económicas y sociales que las colombianas han tenido que asumir con el paso de las décadas. La misma encuesta revela que hay un constante crecimiento de hogares que dependen económicamente de la mujer, tanto en zonas rurales como urbanas.

“En 1995 el 24 por ciento de los jefes de hogar eran mujeres; en el 2000, el 28 por ciento; en el 2005, el 30 por ciento, y en el 2010, el 34 por ciento”, concluye la Encuesta Nacional de Demografía y Salud.

A ello se suma el hecho de que el país aún tenga un índice alto de hijos por mujer (2,1 cuando lo deseado es 1,6) y un número tan alto de embarazos no deseados. Esta realidad obliga a las mujeres a salir al mercado laboral, que no resulta equitativo ni acorde con las normas ni las políticas de equidad de género.

El miedo a denunciar persiste, según la abogada Beatriz Quintero. “Como necesitan el trabajo, no se atreven a denunciar. A veces las empresas, si son del mismo ramo, se pasan la información entre ellas mismas”, asegura la experta.

Ante los altos índices de desempleo, muchas terminan cediendo. “Es una lástima. Debe ser una respuesta de Estado. El ministerio encargado del tema debe hacer unos controles más adecuados sobre este asunto que tiene dimensiones importantes y que afecta muy seriamente a la situación de las mujeres que están en búsqueda de un empleo”, afirma la coordinadora del programa de Salud Sexual y Género de Profamilia.