Por: Corporación Jurídica Libertad
09/02/2009
El 6 de marzo de 2009, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado convoca a la realización de una jornada contra las ejecuciones extrajudiciales, cuyo evento central será una reunión nacional de los familiares de las víctimas de “falsos positivos”. Dicho evento debe contribuir a diseñar estrategias de verdad, justicia, reparación y no repetición en los casos de estos crímenes de lesa humanidad. Leer más…
martes, 17 de febrero de 2009
DE MUJER A MUJER, RECONOCIMIENTO A AIDA QUILCUE ESTE MARTES EN BOGOTÁ
Por: ONIC
03/02/2009
El Movimiento Social de Mujeres por la Paz y contra la Guerra, este martes 3 de febrero, realizará un acto simbólico en el marco de la entrega del premio nacional LA GAITANA 2009, en reconocimiento al aporte de la mujer en la construción del tejido social en medio de la guerra.
De modo que de mujer a mujer, más de cien mujeres de todas las regiones, nutrirán el acto en Bogotá, en el Hotel Suite Jones a partir de las 5 de la tarde, tendrá como centro "el reconocimiento a AIDA QUILCUE, Consejera Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, por su labor a favor de los derechos humanos y ejemplo de resistencia que en otrora demostrara la Cacica la Gaitana".
Será la oportunidad no sólo para reconocer el aporte de Aida, sino también a sus dos coequiperas, las dos Consejeras del pueblo Yanacona y Kokonuco, a la cabeza de la primer mujer como Consejera Mayor del CRIC, "aporte notable y reconocido por sus comunidades, sus pueblos, el movimiento indígena, la ONIC, la comunidad nacional e internacional, y que bueno que las mujeres de otros sectores con quienes venimos haciendo minga de pensamiento, reconozcan la participación REAL de estas tres mujeres indígenas, quienes representan el coraje y la participación milenaria de las mujeres indígenas en el tejido social de nuestros pueblos y de la Colombia que nos merecemos", así lo indicó, Dora Tavera, Consejera de Mujer, jóvenes y generación de la ONIC. leer mas...
03/02/2009
El Movimiento Social de Mujeres por la Paz y contra la Guerra, este martes 3 de febrero, realizará un acto simbólico en el marco de la entrega del premio nacional LA GAITANA 2009, en reconocimiento al aporte de la mujer en la construción del tejido social en medio de la guerra.
De modo que de mujer a mujer, más de cien mujeres de todas las regiones, nutrirán el acto en Bogotá, en el Hotel Suite Jones a partir de las 5 de la tarde, tendrá como centro "el reconocimiento a AIDA QUILCUE, Consejera Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, por su labor a favor de los derechos humanos y ejemplo de resistencia que en otrora demostrara la Cacica la Gaitana".
Será la oportunidad no sólo para reconocer el aporte de Aida, sino también a sus dos coequiperas, las dos Consejeras del pueblo Yanacona y Kokonuco, a la cabeza de la primer mujer como Consejera Mayor del CRIC, "aporte notable y reconocido por sus comunidades, sus pueblos, el movimiento indígena, la ONIC, la comunidad nacional e internacional, y que bueno que las mujeres de otros sectores con quienes venimos haciendo minga de pensamiento, reconozcan la participación REAL de estas tres mujeres indígenas, quienes representan el coraje y la participación milenaria de las mujeres indígenas en el tejido social de nuestros pueblos y de la Colombia que nos merecemos", así lo indicó, Dora Tavera, Consejera de Mujer, jóvenes y generación de la ONIC. leer mas...
Por un 2009 donde primen Los derechos humanos (*)
01/02/2009
En las últimas décadas, gobiernos de América Latina, Centroamérica, África y Asia han iniciado reformas transcendentales para lograr que sus Fuerzas Armadas tengan como eje tanto la seguridad de sus naciones como la protección de los derechos humanos y la construcción de la paz. Han adoptado numerosas medidas para que sus fuerzas sean cada vez más respetuosas de los derechos humanos, entre ellas, cambiar la competencia de la justicia militar a la ordinaria, supeditar el poder militar al civil, limitar y aclarar el alcance de la doctrina de seguridad nacional, afinar sus sistemas de selección y control de personal y sus procesos de formación, generar mecanismos efectivos para combatir la impunidad y dar castigos ejemplares.
Muchos de esos cambios se han realizado una vez concluido un conflicto armado, en la transición de una dictadura a una democracia o cuando el país está saliendo de una violencia prolongada. Sin duda, en algunos casos las medidas han respondido –en parte– a las expectativas de las víctimas y de la sociedad para que los agentes del Estado cumplan con su deber constitucional de proteger los derechos fundamentales. En otros casos han quedado muchas deudas pendientes. Quienes defienden el Estado de derecho han comprendido Que es indispensable una fuerza pública que tenga cada vez más respaldo y confianza de la población, que gane en legitimidad y que sea respetuosa de los derechos humanos.
El Estado colombiano y la justicia internacional han tomado decisiones importantes contra algunos miembros de las instituciones militares que han participado en actos que violan derechos fundamentales. El Gobierno y las Fuerzas Militares han actuado y expresado su voluntad para que, por ejemplo en los casos llamados “falsos positivos”, se investigue hasta que haya verdad y justicia porque atentan contra los derechos humanos y porque no contribuyen a crear el ambiente de credibilidad que una sociedad requiere de sus fuerzas legalmente constituidas. De la misma forma se han expresado ante otro tipo de violaciones cometidas por algunos agentes del Estado.
Ya hay reformas y medidas que el Estado está adelantando y promoviendo y que sin duda podrían ayudar aún más en los esfuerzos en esa dirección. Es oportuno, entonces, recordar una de las recomendaciones que en 2007 la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, oacnudh, le dio al Gobierno, a los organismos de control y a los comandantes de las Fuerzas Armadas: “redoblar los esfuerzos para erradicar las ejecuciones extrajudiciales, adoptando medidas para prevenir, investigar, sancionar y hacer públicas situaciones en las que se hubiesen presentado hechos de tal naturaleza y aplicando y ampliando de manera prioritaria las normas de la nueva política del Ministerio de Defensa en esta materia”. Adicionalmente, exhortó a la Fiscalía “a esclarecer, en el menor tiempo posible, todas las denuncias presentadas por presuntas ejecuciones extrajudiciales”.
Igual de importantes son los acuerdos del Estado en procura del respeto de los derechos humanos y el anuncio de la creación de la Escuela de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en las Fuerzas Militares, que podría ser un instrumento eficaz para mejorar la formación de cada uno de los miembros de la institución y, especialmente, para que se apropien de esos conocimientos aplicándolos en el día a día. Con esta formación el incentivo no podría ser otro que el respeto por la vida, por los derechos humanos y los principios de un Estado de derecho.
En este nuevo año la garantía, cumplimiento y defensa de los derechos humanos pueden ser los protagonistas en la Fuerza Pública, y mucho más si se tiene en cuenta que las reformas del sector seguridad que se han realizado en el mundo no son ajenas a los procesos de consolidación de la paz, sino un paso imprescindible para ganar legitimidad, garantizar los derechos fundamentales y fortalecer la democracia.
(*)Bruno Moro
Representante Residente, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, pnud
lunes, 9 de febrero de 2009
GÉNERO Y CONFLICTO ARMADO[i]
El conflicto armado ha golpeado todos los sectores de la sociedad civil, las mujeres han sido uno de los grupos más vulnerables, pero - paradójicamente - esto les ha abierto nuevos espacios de acción, y ha impulsado una lectura diferente, con perspectiva de género, de los impactos de la guerra. Esta es una forma de reparar la integridad de dichas mujeres, y si bien no es absoluta sí es un paso en el reconocimiento de sus derechos.
Existe un creciente reconocimiento del impacto diferenciado que las guerras y los conflictos tienen sobre las mujeres y los varones. Si bien estos últimos son la mayoría de las víctimas mortales, las mujeres se ven sometidas a violencia, embarazos forzados, esclavitud y violencia sexual y constituyen, conjuntamente con niños y niñas, la mayoría de la población en desplazamiento forzado en el mundo.
A pesar de estas claridades, escasamente esta situación ha sido tomada en cuenta y ha sido silenciada la vulneración de sus derechos e ignoradas las medidas dirigidas a su reparación. En este contexto es donde aparece la utilidad del concepto de género, ya que permite hacer un análisis de los diferentes roles asignados a mujeres y varones en la situaciones de conflicto y en la construcción de la paz. Con ello se evitan los estereotipos que presentan a las mujeres como “naturalmente” proclives a la paz y a los hombres como “innatamente” guerreros.
Amplía, asimismo, el reflexionar sobre la cultura, las posibilidades de comprensión por un lado de la creciente presencia de las mujeres en las filas de los diversos actores armados y, por otro, los cambios en los roles tradicionales de las mujeres y varones generados por el conflicto, en especial, en el caso de las mujeres.
Las mujeres encuentran mayores oportunidades para asumir funciones de liderazgo, acceso a recursos, menores restricciones para la movilidad y para participar activamente en las propuestas de construcción de la paz. Además, aporta a hacer visibles las causas y consecuencias de la victimización de la cual son objeto, para tomar las medidas de protección necesarias y hacerlas efectivas.
En el caso colombiano, la dimensión cuantitativa del impacto del conflicto armado sobre mujeres y niñas está empezando a ser crecientemente documentado por instituciones gubernamentales, internacionales y, especialmente, por organizaciones de mujeres.
Las cifras revelan un grave panorama de violencia económica, social y política contra las mujeres con casos de ejecuciones, desapariciones forzadas, homicidios contra personas socialmente marginadas y hostigamiento y persecución de organizaciones de mujeres y sus líderes.
Si bien el derecho a la vida es seriamente afectado por los actores armados, la persistencia de la impunidad y la ausencia de mecanismos específicos para tramitación de conflictos están generando altos índices de violencia común en el ámbito urbano que afectan, también, dicho derecho de las colombianas.
La reciente aprobación y ratificación del Protocolo de la Cedaw[1]por parte del Congreso colombiano representa una oportunidad inestimable para la defensa de sus derechos y la lucha contra la impunidad, ya que establece mecanismos para garantizarlos.
Así mismo, visitas como la realizada por la relatora para los Derechos de la Mujeres de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA permiten hacer un “inventario” de los avances, retrocesos y déficit en esta materia y plantear nuevas recomendaciones para su cumplimiento por parte del Gobierno, de acuerdo con los compromisos asumidos internacionalmente.
El conflicto armado en el país también ha dado origen a otras formas de participación de las mujeres y sus organizaciones, que comienzan a ser reconocidas.
Su actuación por la negociación política, la construcción de la paz y la reconstrucción del tejido social en Colombia se ha fundamentado en la exigencia de la protección y garantía de los derechos humanos, así como en la igualdad jurídica, política, social y económica de mujeres y varones, consagrada en la Constitución.
En este sentido, parece imprescindible que todos los actores involucrados en la solución del conflicto apoyen y acompañen estas iniciativas, y de esta manera cumplan compromisos nacionales e internacionales y apuesten por el futuro, la libertad y dignidad de las mujeres, jóvenes y niñas colombianas.
[i]Fecha de publicación: 2005-07-22
Autor/Fuente: Pnud, revista Hechos del Callejón.
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