El conflicto armado ha golpeado todos los sectores de la sociedad civil, las mujeres han sido uno de los grupos más vulnerables, pero - paradójicamente - esto les ha abierto nuevos espacios de acción, y ha impulsado una lectura diferente, con perspectiva de género, de los impactos de la guerra. Esta es una forma de reparar la integridad de dichas mujeres, y si bien no es absoluta sí es un paso en el reconocimiento de sus derechos.
Existe un creciente reconocimiento del impacto diferenciado que las guerras y los conflictos tienen sobre las mujeres y los varones. Si bien estos últimos son la mayoría de las víctimas mortales, las mujeres se ven sometidas a violencia, embarazos forzados, esclavitud y violencia sexual y constituyen, conjuntamente con niños y niñas, la mayoría de la población en desplazamiento forzado en el mundo.
A pesar de estas claridades, escasamente esta situación ha sido tomada en cuenta y ha sido silenciada la vulneración de sus derechos e ignoradas las medidas dirigidas a su reparación. En este contexto es donde aparece la utilidad del concepto de género, ya que permite hacer un análisis de los diferentes roles asignados a mujeres y varones en la situaciones de conflicto y en la construcción de la paz. Con ello se evitan los estereotipos que presentan a las mujeres como “naturalmente” proclives a la paz y a los hombres como “innatamente” guerreros.
Amplía, asimismo, el reflexionar sobre la cultura, las posibilidades de comprensión por un lado de la creciente presencia de las mujeres en las filas de los diversos actores armados y, por otro, los cambios en los roles tradicionales de las mujeres y varones generados por el conflicto, en especial, en el caso de las mujeres.
Las mujeres encuentran mayores oportunidades para asumir funciones de liderazgo, acceso a recursos, menores restricciones para la movilidad y para participar activamente en las propuestas de construcción de la paz. Además, aporta a hacer visibles las causas y consecuencias de la victimización de la cual son objeto, para tomar las medidas de protección necesarias y hacerlas efectivas.
En el caso colombiano, la dimensión cuantitativa del impacto del conflicto armado sobre mujeres y niñas está empezando a ser crecientemente documentado por instituciones gubernamentales, internacionales y, especialmente, por organizaciones de mujeres.
Las cifras revelan un grave panorama de violencia económica, social y política contra las mujeres con casos de ejecuciones, desapariciones forzadas, homicidios contra personas socialmente marginadas y hostigamiento y persecución de organizaciones de mujeres y sus líderes.
Si bien el derecho a la vida es seriamente afectado por los actores armados, la persistencia de la impunidad y la ausencia de mecanismos específicos para tramitación de conflictos están generando altos índices de violencia común en el ámbito urbano que afectan, también, dicho derecho de las colombianas.
La reciente aprobación y ratificación del Protocolo de la Cedaw[1]por parte del Congreso colombiano representa una oportunidad inestimable para la defensa de sus derechos y la lucha contra la impunidad, ya que establece mecanismos para garantizarlos.
Así mismo, visitas como la realizada por la relatora para los Derechos de la Mujeres de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA permiten hacer un “inventario” de los avances, retrocesos y déficit en esta materia y plantear nuevas recomendaciones para su cumplimiento por parte del Gobierno, de acuerdo con los compromisos asumidos internacionalmente.
El conflicto armado en el país también ha dado origen a otras formas de participación de las mujeres y sus organizaciones, que comienzan a ser reconocidas.
Su actuación por la negociación política, la construcción de la paz y la reconstrucción del tejido social en Colombia se ha fundamentado en la exigencia de la protección y garantía de los derechos humanos, así como en la igualdad jurídica, política, social y económica de mujeres y varones, consagrada en la Constitución.
En este sentido, parece imprescindible que todos los actores involucrados en la solución del conflicto apoyen y acompañen estas iniciativas, y de esta manera cumplan compromisos nacionales e internacionales y apuesten por el futuro, la libertad y dignidad de las mujeres, jóvenes y niñas colombianas.
Autor/Fuente: Pnud, revista Hechos del Callejón.
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