01/02/2009
En las últimas décadas, gobiernos de América Latina, Centroamérica, África y Asia han iniciado reformas transcendentales para lograr que sus Fuerzas Armadas tengan como eje tanto la seguridad de sus naciones como la protección de los derechos humanos y la construcción de la paz. Han adoptado numerosas medidas para que sus fuerzas sean cada vez más respetuosas de los derechos humanos, entre ellas, cambiar la competencia de la justicia militar a la ordinaria, supeditar el poder militar al civil, limitar y aclarar el alcance de la doctrina de seguridad nacional, afinar sus sistemas de selección y control de personal y sus procesos de formación, generar mecanismos efectivos para combatir la impunidad y dar castigos ejemplares.
Muchos de esos cambios se han realizado una vez concluido un conflicto armado, en la transición de una dictadura a una democracia o cuando el país está saliendo de una violencia prolongada. Sin duda, en algunos casos las medidas han respondido –en parte– a las expectativas de las víctimas y de la sociedad para que los agentes del Estado cumplan con su deber constitucional de proteger los derechos fundamentales. En otros casos han quedado muchas deudas pendientes. Quienes defienden el Estado de derecho han comprendido Que es indispensable una fuerza pública que tenga cada vez más respaldo y confianza de la población, que gane en legitimidad y que sea respetuosa de los derechos humanos.
El Estado colombiano y la justicia internacional han tomado decisiones importantes contra algunos miembros de las instituciones militares que han participado en actos que violan derechos fundamentales. El Gobierno y las Fuerzas Militares han actuado y expresado su voluntad para que, por ejemplo en los casos llamados “falsos positivos”, se investigue hasta que haya verdad y justicia porque atentan contra los derechos humanos y porque no contribuyen a crear el ambiente de credibilidad que una sociedad requiere de sus fuerzas legalmente constituidas. De la misma forma se han expresado ante otro tipo de violaciones cometidas por algunos agentes del Estado.
Ya hay reformas y medidas que el Estado está adelantando y promoviendo y que sin duda podrían ayudar aún más en los esfuerzos en esa dirección. Es oportuno, entonces, recordar una de las recomendaciones que en 2007 la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, oacnudh, le dio al Gobierno, a los organismos de control y a los comandantes de las Fuerzas Armadas: “redoblar los esfuerzos para erradicar las ejecuciones extrajudiciales, adoptando medidas para prevenir, investigar, sancionar y hacer públicas situaciones en las que se hubiesen presentado hechos de tal naturaleza y aplicando y ampliando de manera prioritaria las normas de la nueva política del Ministerio de Defensa en esta materia”. Adicionalmente, exhortó a la Fiscalía “a esclarecer, en el menor tiempo posible, todas las denuncias presentadas por presuntas ejecuciones extrajudiciales”.
Igual de importantes son los acuerdos del Estado en procura del respeto de los derechos humanos y el anuncio de la creación de la Escuela de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en las Fuerzas Militares, que podría ser un instrumento eficaz para mejorar la formación de cada uno de los miembros de la institución y, especialmente, para que se apropien de esos conocimientos aplicándolos en el día a día. Con esta formación el incentivo no podría ser otro que el respeto por la vida, por los derechos humanos y los principios de un Estado de derecho.
En este nuevo año la garantía, cumplimiento y defensa de los derechos humanos pueden ser los protagonistas en la Fuerza Pública, y mucho más si se tiene en cuenta que las reformas del sector seguridad que se han realizado en el mundo no son ajenas a los procesos de consolidación de la paz, sino un paso imprescindible para ganar legitimidad, garantizar los derechos fundamentales y fortalecer la democracia.
(*)Bruno Moro
Representante Residente, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, pnud
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